Ahorro para fines determinados. Grupo cerrado

 

Es un sistema mediante el cual un conjunto de personas conformadas en un grupo, pagando una cuota mensual actualizable ( según el valor móvil del bien a adquirir ), constituyen un propio fondo de ahorro común que permite la compra, generalmente, de dos bienes a adjudicar ( en el caso automóviles ), iguales para todos; los que son entregados a componentes de dicho grupo, sea por la modalidad de sorteo o por licitación al mejor postor. Estos planes se componen habitualmente de 50, 60 y 84 cuotas, significando ello que cada grupo se conforma con un número de personas que es el duplo de la duración del plan, es decir, 100 para 50; 120 para 60; etc.

IMPORTANTE

Es importante que usted sepa de que manera están redactados los contratos y los efectos que ignora el suscriptor acerca de ellos:

Características: El suscriptor se adhiere a la modalidad de los contratos de ahorro previo por la confiabilidad de la marca en el mercado, y por estar aprobados por la Inspección General de Justicia.
Es importante que los contratos contengan las exigencias de las Resoluciones de la IGJ, y las previstas por los Artículos 10° y 36° de la Ley de Defensa del Consumidor.
Se asume desde el inicio hasta la finalización de los términos, de dos contratos: 1) el de Ahorro previo propiamente dicho y 2) el denominado Seguro de Vida colectivo, que sirve de garantía del grupo para el pago de las cuotas. En segundo lugar si al resultar adjudicatario por sorteo o licitación le restan cuotas para finalizar el plan, debe asumir el cumplimiento obligatorio en dos contratos más: 3) el Prendario y 4) el Seguro contra todo riesgo del automotor. En esta segunda etapa contractual el consumidor desconoce totalmente que, al serle adjudicado su automotor y aún faltándole abonar cuotas futuras, se convierte en un deudor prendario.
Los contratos por adhesión están autorizados en base a distintas resoluciones, dictadas desde el año 1968 por la Inspección General de Justicia.

Favoritismo a la posición dominante: Los derechos de suscripción y adjudicación que el suscriptor debe pagar ( que son del 2,5 % y 2% del valor básico del bien, respectivamente ), son derechos predispuestos por la administradora, son abusivos. No existe por dicho pago prestación alguna.
El valor móvil de una unidad es fijado por las administradoras en base al precio de lista oficial. Las resoluciones de la IGJ norman precio de lista o valor de plaza, pero usan sólo el precio de lista, con el cual las administradoras compran al mayoreo y en efectivo a sus respectivas terminales.

Irregularidades: Los concesionarios oficiales, agencias y demás colocadores de planes son los que, pese a ser las principales bocas de venta de las administradoras de ahorro, junto con éstas se irresponsabilizan solidiariamente de las informaciones dadas precontractualmente. Estos productores actúan en nombre e interés desu mandante (la administradora), de modo que el contrato se establece directamente entre el suscriptor y la administradora del plan de ahorro, por lo tanto, si el mandatario (colocador de planes), obra dentro de los límites de su encargo, no está obligado frente al suscriptor y, por ende, no responde por el incumplimiento de la administradora. Desde el punto de vista legal, no es así. Existen resoluciones específicas dictadas por la IGJ, que declaran jurídicamente responsables por las actividades de sus colocadores de planes a las sociedades de ahorro. Debe informarse al suscriptor que, según la resolución 8/82 de la IGJ, la responsabilidad de la administradora se extiende a todos los actos realizados por sus concesionarios oficiales y demás colocadores de planes.

Seguros incluidos: Un suscriptor de un plan de ahorro, generalmente no tiene conocimiento que al adherirse abona un seguro de vida colectivo independiente, que no es regido por la IGJ, sino por la Superintendencia de Seguros. Ignora que él no es la parte contratante del seguro, sino su mandataria, la propia sociedad de ahorro. La misma que no le hace entrega de la póliza; la que no informa –sobre hipótesis de su fallecimiento- quiénes son sus beneficiarios, y menos aún, qué importe y de qué forma lo pueden percibir. Igualmente debe abonar todos los meses el costo del seguro, junto a la cuota pura y administrativa de su plan.
Con respecto a las enfermedades preexistentes, la IGJ resolvió favorablemente la obligación de su cobertura. Es decir, que si no se práctica un examen físico previo por parte de la contratante, no puede alegarse posteriormente carencia alguna.

Abusivos gastos de entrega: Con respecto a los gastos, los conceptos de los mismos deben ser comprensibles y detallados previamente con claridad. Debe exigirse la discriminación de los gastos referidos.

Bonificaciones: Al respecto cabe advertir que las bonificaciones, al ser concedidas por un concesionario oficial están avaladas por su administradora; ésta debe acatarla y reconocerlas como propias, tal lo previsto en la Resolución 8/82 de la Inspección General de Justicia.

Rescisión: Con respecto a la rescisión por parte de la administradora, cabe poner en conocimiento de los consumidores lo siguiente; en caso de mora en el pago de tres o más cuotas, la administradora del plan tiene la facultad unilateral de rescindirlo, debiendo el suscriptor –en caso de no tener el bien en su poder- esperar como mínimo 30 días desde la finalización del plan para le devolución de los importes. Siendo adjudicatario, los problemas se agravan aún más, ya que la administradora iniciará la ejecución prendaria, con el resultado del secuestro del automotor y si éste no cubre la deuda reclamada, se procederá a la ejecución del garante. Con relación al reintegro, debe destacarse que el mismo se reduce a la siguiente ecuación: a las cuotas puras abonadas hasta entonces, se le efectúa una quita del 4%, y ese será el monto que percibirá el aherente. En caso de renuncia, es la misma ecuación, con el sólo cambio de la multa, que en estos asciende al 2% del total de las alícuotas abonadas.

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