Desde Adecua junto a Adelco y la Asociacion Civil Cruzada Civica se impulso un proyecto de ley de insolvencia familiar que busca implementar un plan para regular las deudas que acumulan los consumidores y sus familias.
Los datos son contundentes. En abril el 80,8% de los hogares acumuló algún tipo de deuda y cada familia debe en promedio 150.000 pesos, según el estudio que realizó el Centro de Economía Regional y Experimental (CERX).
Las Asociaciones que impulsan la ley se topan con la nueva realidad cotidiana y dan cuenta de que una porción amplia de los consumidores argentinos quedaron a la deriva: por un lado no pueden aplicar para los planes sociales que otorga el Gobierno y por el otro, tampoco logran hacer frente a su economía diaria. Si antes de la pandemia ya tenían alguna deuda que creían poder costear, la crisis actual colapsó su panorama financiero.
Casi el 90% de la población no puede pagar los seguros que ya tenía contratados y dejó de abonar cuotas de clubes, gimnasios y otras actividades recreativas. El 67% no puede pagar las expensas y más del 50% no puede hacer frente al alquiler de su vivienda. Además, arriba del 60% no está en condiciones de abonar las cuotas de los colegios de sus hijos. Una porción similar dejó de abonar su servicio de medicina prepaga. Y un dato que llamó la atención: cerca de un 40% de la clase media ha dejado de pagar las cuotas de mantenimiento en los cementerios.
El proyecto apunta a encontrar un marco para que los “deudores de buena fe” puedan negociar un plan de pago sostenible que preserve sus necesidades mínimas de subsistencia. La ley parte del supuesto de que el consumidor quiere pagar sus deudas pero no puede hacerlo. Y que no dispone de un mecanismo como el concurso de acreedores o la declaración de quiebra como sí lo tienen un comercio o empresa.
Por eso apuntan a consumidores con deudas por un hecho extremo: desempleo, una enfermedad grave, divorcio o separación, un hecho que está fuera del manejo del deudor (por ejemplo el coronavirus), fallecimiento de quien era el principal sostén de la familiaSegún detallan desde las Asociaciones que impulsan la ley de insolvencia familiar, la implementación contempla dos instancias.
Primero se busca una solución administrativa, extrajudicial. La idea es, a través de un organismo dependiente del Estado, juntar al deudor con sus acreedores y buscar un acuerdo entre ellos con un plan de pagos que no debe exceder los cinco años de plazo.
Si no llegan a un acuerdo, el proceso pasaría a la Justicia que, al igual que hace con las empresas que entran en concurso de acreedores, decidiría de qué manera el deudor saldará su deuda.
La ley prevé también que haya programas de educación financiera para los consumidores, a los efectos de darles herramientas que traten de evitar el sobreendeudamiento.
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